El Congreso aprueba la Ley de Extranjería, que amplía el plazo de internamiento y permite a las ONG asumir la tutela de los menores
Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado, el PP ha anunciado que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo. En declaraciones posteriores a la prensa, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha avanzado que el Gobierno ya está trabajando en la modificación del vigente reglamento de extranjería, aprobado en 2004. Finalmente, de las 732 enmiendas presentadas por los grupos, sin contar con la devolución a la totalidad planteada en su momento por PP, PNV y ERC-IU-ICV, el Congreso ha aceptado casi 300. Junto al rechazo del PP, IU-ERC-ICV y Unión, Progreso y Democracia -éste último por opinar que se restringen los derechos del inmigrante-, el BNG se ha abstenido, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Convergencia i Unió y el PSOE han respaldado la norma. Durante su intervención, el portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando, ha asegurado que esta reforma no servirá para frenar las "avalanchas" de inmigrantes en situación irregular. A su juicio, la ley es una mera reforma cosmética, que ha desaprovechado la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya convertido en el "coladero" de ilegales de la UE y en territorio propicio para las mafias. Tras lamentar que el texto no prohíbe las regularizaciones masivas, una de las principales reclamaciones de su partido, ha acusado al Gobierno de no promocionar la integración del inmigrante, una persona a la que se reconocen derechos pero "no obligaciones". Ha considerado también una barbaridad que las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales puedan asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y que las CCAA puedan formalizar convenios en temas migratorios con otros países.
CEAR, Cáritas y la Red Acoge denuncian que Ley de Extranjería afectará gravemente a los inmigrantes. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas y la Red Acoge han expresado su preocupación ante la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en el Congreso porque, aseguran, incluye importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España. A través de un comunicado, estas tres ONG han llamado la atención especialmente sobre la restricción, "de manera injusta", a la reagrupación familiar de los ascendientes de la persona inmigrante, lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social.
Asimismo, han criticado la obligatoriedad de iniciar un expediente sancionador a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género, lo que, a su entender "objetivamente desincentivará estas denuncias". Estas ONG han subrayado negativamente también el aumento de las sanciones a quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular y han lamentado que se mantenga el incremento del período máximo de internamiento para los ilegales de 40 a 60 días.CEAR, Cáritas y Red Acoge han señalado que en las próximas semanas proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de las personas inmigrantes.
AI denuncia que Ley de Extranjería no garantiza la protección de los derechos humanos. La reforma de la Ley de Extranjería aprobada hoy en el Congreso está centrada en la seguridad nacional y en el rendimiento económico en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los derechos humanos, según Amnistía Internacional (AI). La responsable de Política Interior y Derechos Humanos de AI, Virginia Álvarez, ha afirmado que el texto aprobado tiene "más sombras que luces". Entre los temas que "más preocupan" a AI se encuentra el que se siga utilizando la inscripción en el padrón municipal como medio de control migratorio, cuando es un requisito indispensable para acceder a la sanidad y a la educación.
Álvarez ha explicado que la ley mantiene el que el Ministerio del Interior pueda acceder a dicho padrón sin previo aviso a los interesados, por lo que muchas personas que no tengan su situación legal en España pierden el acceso a esos derechos básicos. Además, ha criticado el que se haya incrementado el plazo de internamiento de 40 a 60 días y, sobre todo que aquellas personas que solicitan asilo o un 'habeas corpus' puedan ver incrementado este plazo hasta 12 días más.
"El internamiento debería ser el último recurso, deben utilizarse otras medidas cautelares y debe excluirse la posibilidad de un internamiento" porque "nunca el ejercicio de un derecho puede tener una consecuencia negativa", ha argumentado.
Tampoco es una ley que arbitra ningún mecanismo para poder pedir protección internacional, según Álvarez, que ha puesto el ejemplo de los polizones y menores no acompañados. En la ley se dice que se pondrán en contacto con las autoridades de su país, cuando "lo primero que se debe garantizar a un solicitante de asilo es que no se ponga en contacto con dichas autoridades", ha explicado.
Otro tema negativo de la ley para AI es el relativo a violencia de género porque, a pesar de mejoras como el artículo específico para las víctimas de trata, "la esclavitud del siglo XXI", Álvarez ha lamentado "profundamente" el que el miedo a la expulsión del país pueda suponer que muchas víctimas de género estén reticentes a acercarse a una comisaría.
"No se debe supeditar la protección de los derechos humanos de estas mujeres a su situación administrativa", ha añadido.
Fuente: www.latinoamericaexterior.com
Asimismo, han criticado la obligatoriedad de iniciar un expediente sancionador a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género, lo que, a su entender "objetivamente desincentivará estas denuncias". Estas ONG han subrayado negativamente también el aumento de las sanciones a quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular y han lamentado que se mantenga el incremento del período máximo de internamiento para los ilegales de 40 a 60 días.CEAR, Cáritas y Red Acoge han señalado que en las próximas semanas proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de las personas inmigrantes.
AI denuncia que Ley de Extranjería no garantiza la protección de los derechos humanos. La reforma de la Ley de Extranjería aprobada hoy en el Congreso está centrada en la seguridad nacional y en el rendimiento económico en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los derechos humanos, según Amnistía Internacional (AI). La responsable de Política Interior y Derechos Humanos de AI, Virginia Álvarez, ha afirmado que el texto aprobado tiene "más sombras que luces". Entre los temas que "más preocupan" a AI se encuentra el que se siga utilizando la inscripción en el padrón municipal como medio de control migratorio, cuando es un requisito indispensable para acceder a la sanidad y a la educación.
Álvarez ha explicado que la ley mantiene el que el Ministerio del Interior pueda acceder a dicho padrón sin previo aviso a los interesados, por lo que muchas personas que no tengan su situación legal en España pierden el acceso a esos derechos básicos. Además, ha criticado el que se haya incrementado el plazo de internamiento de 40 a 60 días y, sobre todo que aquellas personas que solicitan asilo o un 'habeas corpus' puedan ver incrementado este plazo hasta 12 días más.
"El internamiento debería ser el último recurso, deben utilizarse otras medidas cautelares y debe excluirse la posibilidad de un internamiento" porque "nunca el ejercicio de un derecho puede tener una consecuencia negativa", ha argumentado.
Tampoco es una ley que arbitra ningún mecanismo para poder pedir protección internacional, según Álvarez, que ha puesto el ejemplo de los polizones y menores no acompañados. En la ley se dice que se pondrán en contacto con las autoridades de su país, cuando "lo primero que se debe garantizar a un solicitante de asilo es que no se ponga en contacto con dichas autoridades", ha explicado.
Otro tema negativo de la ley para AI es el relativo a violencia de género porque, a pesar de mejoras como el artículo específico para las víctimas de trata, "la esclavitud del siglo XXI", Álvarez ha lamentado "profundamente" el que el miedo a la expulsión del país pueda suponer que muchas víctimas de género estén reticentes a acercarse a una comisaría.
"No se debe supeditar la protección de los derechos humanos de estas mujeres a su situación administrativa", ha añadido.
Fuente: www.latinoamericaexterior.com
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