Extranjeros con Papeles

La Unión General de Trabajadores (UGT) quiso celebrar el día internacional contra la discriminación racial con la presentación de un informe sobre nueve tópicos sobre la inmigración “que hay que desmentir”. Según el sindicato, hay que refutar, por ejemplo, que haya demasiados inmigrantes. En España están empadronados 2.937.981 extranjeros no comunitarios, menos del 7 por ciento de la población. Tampoco es cierto que las leyes sean “demasiado tolerantes”. De hecho, recalca que la legislación “en materia de extranjería siempre ha tendido a la restricción”. Sobre que el trabajo debería ser para los españoles, el sindicato pone de manifi esto que en España rige, en materia laboral, la igualdad de trato y de oportunidades por lo que los extranjeros pueden presentarse en igualdad de condiciones a las ofertas de trabajo.


Acerca de que los españoles deberían ir primero en asistencia sanitaria y educación, UGT manifi esta que los inmigrantes tienen los mismos derechos y deberes en materia de seguridad social que los trabajadores españoles. Respecto a que “los extranjeros parados tienen que marcharse”, el informe de UGT explica que durante los primeros años de su estancia, los extranjeros dependen casi totalmente de su empleo para mantener su residencia regular.

Fuente: sisepuede

Después de años de récords consecutivos, la inmigración parece que comienza a frenarse. Así, al menos, lo señalan diversos indicadores demográficos y educativos. También los Juzgados de La Rioja comprobaron el pasado año que la curva de la inmigración comienza a suavizarse. Así, en los Registros Civiles, 2.100 personas solicitaron la nacionalidad española. Se trata de una cifra ligeramente superior a la registrada en los dos cursos anteriores (cuando se superaban los 1.800 casos). Logroño encabezó el número de solicitantes, con 1.100 asuntos ingresados, seguido muy de cerca por la sede judicial de Calahorra, con unos 920 casos, y Haro, con 99 solicitudes de nacionalidad registradas, según los datos recopilados por los Juzgados riojanos.


Los requisitos para obtener la nacionalidad española son diferentes según la procedencia del solicitante. Las personas naturales de los países de Iberoamérica, de Portugal, Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial cuentan con más 'facilidades' puesto que se considera que cuentan «con una especial afinidad cultural» con España. De esta forma, la exigencia para ser considerados españoles de pleno derecho es la de residir dos años en España de forma legal y no contar con antecedentes penales.

Mientras, para los nacidos en cualquier otro país del mundo, las exigencias se endurecen y el periodo de residencia legal y continuada en territorio español para obtener la nacionalidad asciende a diez años.La instancia judicial, posteriormente, decide si el solicitante cumple los requisitos exigidos o si, por el contrario, no puede recibir la nacionalidad. Aunque en La Rioja no existen cifras oficiales de cuántos extranjeros consiguieron superar este trámite, en el Registro Central de Madrid (donde se reciben solicitudes de toda España) se rechazan cerca del 60% de los casos. En La Rioja, sólo uno de cada nueve nacidos fuera de España y censados en los distintos padrones municipales contaban con nacionalidad española (5.063 personas nacidas fuera del país sobre los 46.931 empadronados). En el 2008, los nacionalizados eran 4.506 (557 menos que el pasado año).

Por países de nacimiento, destacan los ciudadanos iberoamericanos (Colombia, con 690 nacionalizados; Argentina, con 660; y Ecuador, 443), aunque, proporcionalmente, los de países europeos son más numerosos. Por ejemplo, de un total de 762 franceses residentes en La Rioja el pasado año, 438 contaban con nacionalidad española.

Fuente: Larioja

El Fondo de Acogida e Integración que el Gobierno central destina a las comunidades autónomas ha sufrido un recorte del 70% para el ejercicio 2010, según anticipó esta semana el Ministerio de Trabajo a los representantes autonómicos congregados en la correspondiente conferencia sectorial. El fondo dotado con 196 millones de euros en 2009 se ha contraído hasta 70 millones euros. La Generalitat Valenciana recibió casi 23 millones de euros de ese fondo estatal en 2009 y aportó otros 10 por su parte para cumplir dos convenios de acogida e integración y de refuerzo educativo destinados a inmigrantes. A su vez, la Generalitat derivó nueve millones de euros a distintos ayuntamientos para ejecutar esos programas.

La situación cambia radicalmente en el presente ejercicio. La Consejería de Solidaridad y Ciudadanía estima que este año apenas podrá repartir cinco millones de euros entre las corporaciones locales.

Rafael Blasco, consejero de Solidaridad, calificó el recorte como "un atraco" del Gobierno central a una comunidad autónoma que acoge 890.000 residentes extranjeros. Según Blasco, "un centenar de ayuntamientos y mancomunidades valencianas verán este año seriamente afectadas sus políticas sociales al ver recortada las aportaciones a distintos programas de acogida".

Fuente: elpais

Trabajaban sin contrato y sin salario, cobrando únicamente las propinas que les daban los clientes. La Policía ha detenido a seis personas, empleadas de una empresa suministradora de bombonas de gas con sede en el polígono de Roces, acusadas de un delito contra el Derecho de los Trabajadores. Según se ha podido saber, utilizaban a extranjeros para repartir butano y los tenían «en condiciones precarias, sin asegurar y sin casi pagarles». La mayoría de los afectados son ciudadanos de origen rumano, si bien hay también perjudicados de otras nacionalidades que se encontraban de forma ilegal en España. Las investigaciones se iniciaron hace varias semanas. El Cuerpo Nacional de Policía tuvo conocimiento de las presuntas prácticas fraudulentas que se venían efectuando en la empresa de gas. Tras realizar las gestiones oportunas y contactar con las víctimas, se constató que la compañía subcontrataba a repartidores autónomos y estos a su vez captaban a los extranjeros en «condiciones lamentables y vulnerando sus derechos».

Los arrestos se materializaron a primera hora de la mañana de ayer. La Policía intervino en los almacenes de Porceyo para detener a su responsable y en la oficina que la empresa tiene en la avenida de Pablo Iglesias, donde hizo lo propio con una trabajadora. El máximo responsable de la compañía no ha sido detenido, aunque la investigación aún no ha sido dada por cerrada por la Policía.

Los otros cuatro implicados serían transportistas autónomos encargados de repartir las bombonas de butano y que habitualmente estarían acompañados en sus camiones por los extranjeros perjudicados. «No tenían un salario fijo y cobraban sólo lo que les daban los compradores de las bombonas por llevárselas hasta su domicilio. Les daban las migajas», aseguran fuentes relacionadas con el caso.

Inspectores de Trabajo

Las pesquisas policiales se están llevando a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo. No se descarta que se produzcan más arrestos a medida que avancen los interrogatorios y se revise la documentación requisada a la compañía.

Fuente: elcomerciodigital

En Asturias hay más de 21.000 mujeres inmigrantes que, a su llegada a la región, desconocían sus derechos y obligaciones. Desde la Asociación de Mujeres Progresistas «Sara Suárez Solís» han querido zanjar este problema y han editado una guía de derechos y deberes que las ayude a ellas, y también a los voluntarios y a los trabajadores de organizaciones no gubernamentales y centros asistenciales que las atienden. El objetivo de esta publicación es orientar a las mujeres inmigrantes y a las personas que las asisten sobre los derechos y deberes que tienen como ciudadanas españolas, recogiendo sus derechos, pero también sus obligaciones. En su elaboración han participado diez expertos que día a día trabajan con los inmigrantes. Los ejemplares, redactados con perspectiva de género y en un lenguaje claro y didáctico, serán distribuidos en los centros asistenciales del Principado y entre la población inmigrante. La presentación tuvo lugar en la Casa de Encuentros de las Mujeres, en el centro municipal de La Arena.

Fuente: lanuevaespaña

La polémica de las expulsiones exprés también llega a Málaga. Las ONG que trabajan por la defensa de los derechos de los inmigrantes denuncian en la provincia un incremento de la presión policial sobre los extranjeros, sobre todo contra los que tienen rasgos raciales identificables como subsaharianos, marroquíes o indoamericanos. Además, critican la circular con la que el Ministerio de Interior insta a las fuerza de seguridad a practicar «detenciones preventivas» de inmigrantes 'sin papeles' y en la que promueve su expulsión con el tiempo mínimo imprescindible y por el procedimiento preferente. Según explica José Luis Rodríguez, abogado de la ONG Málaga Acoge, la reforma de la Ley de Extranjería especificaba que el procedimiento preferente -que conlleva su detención, el ingreso a un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) y expulsión en unos veinte días- sólo debía utilizarse cuando existiese riesgo de fuga o si supone un riesgo contra el orden público o la seguridad nacional. Pero lo que la ley consideraba una excepción, se ha convertido en el procedimiento habitual.

Con la circular se elimina la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento ordinario, que supone comprobar del arraigo del inmigrante sin tener que internarlo en un centro. «Creemos que existe mala fe por parte de la administración en la forma de interpretar la ley», indica Rodríguez. «No sólo se sigue utilizando el procedimiento preferente, sino que se aumenta la presión al extranjero, criminalizándolo», continúa.

Cambio de actitud

«La circular supone un cambio de actitud del Gobierno y hace una lectura sesgada de la ley sin el talante humano con la que se hizo», opina Luis Pernía, de la Plataforma de Ayuda al Inmigrante. Rodríguez señala que este celo excesivo hacia el inmigrante lleva produciéndose desde hace unos meses. «La crisis ha disparado el número de identificaciones por parte de la policía y se están produciendo más detenciones, porque buscamos un chivo expiatorio; estamos perjudicando la integración de estas personas haciéndoles parecer los culpables del paro», dice, aunque las ONG no tienen cifras sobre el número de arrestos de inmigrantes que se producen debido al «oscurantismo» de Interior. Para Luis Pernía, se ha abierto la busca y captura contra los inmigrantes.

Incluso los propios sindicatos policiales cuestionan las instrucciones de Interior. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) va a recurrir la circular por atentar contra los derechos de los inmigrantes y porque también entienden que ésta pone en peligro a los agentes.

El incremento de las detenciones significa también más ingresos en el CIE a pesar de las pésimas condiciones que la Plataforma de Ayuda al Inmigrante ha denunciado en repetidas ocasiones. «Nuestra preocupación es porque ahora están aún más indefensos», asegura Pernía. Fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga declaran que han recibido estas circulares y que su postura es la que marca el Ministerio de Interior.

Fuente: diariosur

Jerez sigue siendo la ciudad que más crece de la provincia. Su aumento demográfico es muy superior al del resto de municipios. Las cifras del censo no dejan lugar a la duda al respecto. Éste señala que el incremento de población ha sido de más de 25.000 personas en los últimos 14 años, situando el número total de habitantes en 210.000, aproximadamente 80.000 más que la capital gaditana. Especialmente significativa es la cifra de inmigrantes empadronados. Son algo más de 7.000 en la actualidad, lo que supone aproximadamente el 3% de la población jerezana total. Destaca el aumento experimentado entre las mujeres y menores. Bolivia, con algo más de mil, sigue siendo el país que más censados aporta. Le siguen en el ranking Marruecos (casi 700), Colombia (450) y Rumanía (370).

La Cruz Roja Española ha puesto en marcha en Ceuta un programa pionero en España para la integración de los inmigrantes en la sociedad española a través del conocimiento del patrimonio y el fomento de la actividad turística en la ciudad autónoma. Ceuta, como receptora de inmigrantes por su condición fronteriza con Marruecos, ha promovido en los últimos años numerosas iniciativas para que los inmigrantes se integren y puedan ocupar muchas de las horas que tienen libres al cabo del día. Estos inmigrantes residen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), situado a más de seis kilómetros del centro de la ciudad, en una zona de monte donde aguardan la resolución de sus trámites burocráticos para salir hacia la península o bien ser devueltos a sus países de origen. El coordinador de la Cruz Roja en el CETI, Juan José Blanch, ha sido el pionero de un proyecto para que estas personas puedan integrarse en la sociedad española, conocer las distintas culturas y tener "una base de datos" que les sirva para el futuro.

La iniciativa ha comenzado en Ceuta con una visita al templo de la comunidad hindú, donde han tenido la oportunidad de conocer a una de las cuatro religiones asentadas en la ciudad -las otras son la cristiana, la musulmana y la hebrea-, "con lo que conseguimos hacer su estancia mejor".

Juan José Blanch ha dicho a Efe que la intención es que los inmigrantes "conozcan el patrimonio, las diferentes culturas y tengan una mirada más crítica y mejores conocimientos de lo que les rodea, además de ayudar a fomentar la convivencia y la integración en la sociedad".

El dirigente de la Cruz Roja ha entendido que esta visita es el inicio de una serie de recorridos por la ciudad "porque este colectivo tiene, por desgracia, bastante tiempo libre y así están ocupados y aprenden a valorar aspectos concretos de Ceuta".

Los inmigrantes, en esta primera visita, no desperdiciaron la oportunidad de hacer fotografías del acto e incluso de grabar en vídeo esta experiencia, tal y como comprobó Efe.

En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) conviven actualmente 366 inmigrantes, de los cuales el 75 por ciento procede del África Subsahariana, principalmente de países como Sudán, Nigeria o Mali, según ha informado a Efe la Delegación del Gobierno.

La cifra de inmigrantes se ha reducido en los últimos meses aunque estas personas suelen pasar una media de más de un año en la ciudad hasta que se resuelven sus trámites burocráticos.

Fuente: EFE rp/